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La aplicación de la jubilación parcial en el ámbito de las Administraciones Públicas está marcada no solo por la inestabilidad endémica que históricamente caracteriza a su regulación, sino también por las fricciones estructurales entre las normas de Seguridad Social y Derecho del Trabajo y los estrictos principios constitucionales y presupuestarios que rigen el empleo público.