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La Constitución española no se limita a establecer un marco institucional para la organización del poder político; también define una orientación normativa para el orden económico y social, al afirmar, en su Preámbulo, la voluntad de garantizar un «orden económico y social justo» y de promover una «sociedad democrática avanzada». En este contexto, el artículo 129.2 de la Constitución establece que los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa, fomentarán las sociedades cooperativas y facilitarán el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. El informe Democracia en el Trabajo. Dos promesas a quienes trabajan: voz y propiedad (MITES, 2026) analiza el grado de desarrollo de este mandato constitucional y plantea propuestas para hacerlo efectivo en el contexto actual.