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La convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre provocada por el rechazo de PP-VOX y Junts a los decretos leyes que buscaban la tutela de los inquilinos ante procesos de desahucio sin alternativa habitacional, la prórroga automática por dos años de los contratos de alquiler y la prescripción del carácter indefinido de estos – en una norma separada para favorecer la convalidación de la primera – plantea el problema de la reversibilidad de lo obtenido en materia de derechos sociales durante el lapso temporal que media entre la formación del primer gobierno Sánchez en 2019 y los sucesivos dos gobiernos de coalición hasta el presente 2026. Es decir, lo que se podría llamar el septenato de la izquierda política y social en nuestro país.