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Escribimos estas páginas cuando el Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral, garantía de la desconexión digital y efectividad del registro horario. El protagonismo de la reducción de jornada en las frustradas mesas de negociación tripartitas, en el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos y, más ampliamente, en el debate social, incita a una reflexión que refuerce la necesidad de la reducción de la jornada de trabajo, la garantía de la desconexión digital y la efectividad del registro horario y que salga al paso de muchas opiniones animadas por una reacción hostil al cambio. Los argumentos de la baja productividad, del impacto en las pequeñas empresas, del incremento de los costes retributivos y de la segura expansión de los elementos de informalidad en nuestro modelo de relaciones laborales son los mismos que los utilizados en el año 1983, por no retrotraer más el análisis.