El desplazamiento de trabajadores vinculado a la libre prestación de servicios en la UE vuelve al primer plano de actualidad, esta vez, no por ser objeto de interpretaciones judiciales controvertidas, como las efectuadas para el cuarteto de sentencias Laval, ni por ofrecer nuevos ejemplos de desigualdad de trato entre trabajadores europeos, dumping social o competencia desleal en el mercado interior, sino por haber sido objeto de alteraciones de las reglas del juego, en un primer momento mediante la Directiva 2014/67/UE y, más recientemente, a través de la Directiva 2018/957, que ha servido para revisar los aspectos sustantivos de la vetusta Directiva 96/71/CE, corregir sus carencias, ofrecer una mayor protección de las personas desplazadas y salvaguardar, con ello, la libre prestación de servicios en condiciones más equitativas.