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El 30 de julio se publicaba en el BOE el Real Decreto-Ley 9/2025, de 29 de julio, que obedece a la extraordinaria y urgente necesidad de culminar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y profesional de progenitores y cuidadores. Dicha Directiva impulsaba un cambio estructural en materia de igualdad y protección a la familia, redefiniendo el estándar europeo de permisos parentales: universales, retribuidos, intransferibles y diseñados para derribar los estereotipos de género aún arraigados en la asunción de tareas de cuidado. Si bien formalmente logra cubrir los mínimos exigidos por el Derecho europeo en materia de permisos parentales, su diseño y articulación suscitan interrogantes fundamentales tanto desde una perspectiva de teoría constitucional como desde los estándares de derecho social no exentos de interpretación de nuestra normativa interna.