El debate sobre el Estado autonómico ha adquirido una nueva dimensión tras la reciente propuesta de Ley Orgánica destinada a delegar en la Generalitat de Cataluña determinadas competencias en materia de
inmigración. Lejos de ser un episodio aislado, la iniciativa ha reactivado una cuestión de hondo calado constitucional: hasta qué punto puede el Estado descentralizar la gestión de una materia estrechamente vinculada a la soberanía, al control de fronteras y a la cohesión social. La controversia catalana ha funcionado, en realidad, como un espejo de las tensiones estructurales de nuestro modelo territorial, revelando los límites —y también las potencialidades— de la cooperación entre el poder central y las Comunidades Autónomas en ámbitos de creciente complejidad social.