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No es la primera vez que se producen en la Comunidad de Madrid conductas motivadas por el menoscabo del ejercicio de derechos básicos reconocidos a las personas trabajadoras. Desde el Gobierno autonómico ha sido común la adopción de medidas antisindicales dirigidas a negar cualquier tipo de expresión colectiva que permita la defensa organizada tanto de los intereses de la clase trabajadora como de la calidad de los servicios públicos ofrecidos a la ciudadanía, tal y como lo demuestra en un tiempo reciente, dentro del sector sociosanitario, la imposición de servicios mínimos del 100% para desvirtuar el derecho de huelga, la obstaculización de la actividad sindical de la representación de los trabajadores o la difamación, por parte de la presidenta madrileña, sobre la condición profesional de los sanitarios que ejercen derechos sindicales reconocidos al máximo nivel. El menoscabo que se produce en el último embiste a la dignidad profesional de los empleados públicos, sin embargo, viene impuesto de una manera extraña, mediante una fórmula negociada con las organizaciones sindicales más representativas del personal al servicio de la Administración de la CAM.