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El acuerdo del Gobierno de coalición con la Comisión Europea para la reforma de las pensiones que por primera vez encara la sostenibilidad del sistema no desde el recorte de prestaciones, como se hizo en la reforma de 2013 del PP, sino desde el aumento de los ingresos para no reducir la cuantía de las pensiones, debería ser recibido por todos los agentes sociales con un sincero apoyo, pero no ha sido esa la reacción de la CEOE, que, sin embargo, ha centrado sus ataques en el aumento de las bases de cotización de los
salarios más altos con el calificativo de “voracidad recaudatoria”, más propio de exabrupto de clientes en establecimientos de hostelería del barrio Salamanca de Madrid, que de un documento de una organización con un papel constitucional tan relevante.