Las empresas transnacionales cometen violaciones de derechos humanos que habitualmente se concentran en países del Sur Global y que por regla general se saldan con la impunidad de las corporaciones y con la indefensión de las víctimas, personas y comunidades, que no consiguen la reparación debida1.
Esta situación ha sido constantemente denunciada desde hace más de cincuenta años, tanto por las organizaciones de la sociedad civil como por instituciones y organismos de derechos humanos2. A lo largo de este periodo de tiempo se han realizado determinados avances en la cuestión, como la adopción de los Principios Rectores de Derechos Humanos (PRNU) en 20113 o la publicación de un número creciente de normas estatales sobre diligencia debida, pero lo cierto es que las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas transnacionales no han dejado de aumentar.