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El pasado día 1 de julio se firmó el “Acuerdo Social sobre el primer bloque de medidas para el equilibrio del sistema. El refuerzo de su sostenibilidad y la garantía del poder adquisitivo de los pensionistas en el cumplimiento del Pacto de Toledo…”. Nos encontramos ante un acuerdo social decisivo no solo por su contenido material que analizaremos en parte a continuación sino porque tras diez años de reformas legales, sin consenso social, este acuerdo supone punto final a un largo período en el que “se ha evitado
conscientemente abrir un espacio de interlocución política” y social en materia de Seguridad Social” (Baylos). La firma de este acuerdo tiene muchas connotación entre las que se encuentra el renacimiento del marco de actuación esencial y relevante como es el Pacto de Toledo y del acuerdo político y social entre las organizaciones empresariales (CEOE, CEPYME) y sindicales (CCOO, UGT) fruto del imprescindible diálogo social para diseñar, adaptar, reformar y derogar cuestiones centrales del sistema de pensiones que fueron introducidas por la Ley 23/2013, de 23 de octubre, fruto de la exclusiva voluntad del legislador de entonces.