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En el mes de abril se ha cumplido un año de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU), siendo este un momento oportuno para reflexionar sobre el grado de implementación de la Ley en relación con un aspecto central de su regulación. Me refiero al personal docente e investigador (PDI) de las universidades públicas, regulado monográficamente en el Capítulo IV del Título IX y en otras normas y disposiciones extra sistemáticas de la LOSU.