La enésima reforma de las pensiones sin perspectiva de género

Como es por todos y todas sabido, a finales del año 2020, el Congreso delos Diputados aprobó el Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo en el que se recogen un conjunto de recomendaciones y se establecen unas líneas de actuación para la defensa y mejora del sistema de Seguridad Social español en los próximos años. Un acuerdo socio-político que, recuperando el protagonismo del diálogo social en esta materia como instrumento clave para la consolidación de una reforma estructural a largo plazo, ha tenido su primera plasmación normativa en la aprobación de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, cuya entrada en vigor se produjo el 1 de enero del año en curso.

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