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El mercado de trabajo español no resiste más. Las altas tasas de temporalidad presentes desde la misma entrada en vigor de la primera edición del Estatuto de los Trabajadores, junto al elevado desempleo que se desencadena de manera más intensa en tiempos de crisis económicas, ha provocado que la precariedad laboral se haya instalado con carácter general en aquél, afectando especialmente a las mujeres y los jóvenes. Es por ello, que no resulta extraño que la reforma laboral de 2021 haya dirigido buena parte de su contenido a recuperar un principio del Derecho del Trabajo como es el de estabilidad en el empleo, para, a través suyo, revertir una precariedad laboral cuyo paroxismo se localiza, a partir de la crisis económica de la austeridad, en la “normalización” de los estados de pobreza de las personas que cuentan con empleo. Se trata, además, de un diagnóstico que aplica tanto al sector privado como al sector público.