El pasado mes de mayo se aprobó la Ley 7/21, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE). Esta norma pretende ordenar el proceso de transición de nuestro país hacia una economía en la que se reduzcan de manera significativa las emisiones de gases de efecto invernadero. En concreto, entre sus objetivos se encuentra la reducción de tales emisiones en un 23% para el año 2030. Se trata de una de las normas menos ambiciosas de las aprobadas en los países de la Unión Europea. A pesar de que las organizaciones ecologistas han aplaudido su necesaria aprobación, también es cierto que ha sido criticada por su tardanza, por la falta de concreción de buena parte de las propuestas, así como por el déficit de participación que arrastra algunos de los instrumentos creados por ella.