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Desde finales del año 2021 se ha puesto en marcha lo que podría definirse como un auténtico tsunami normativo que de forma directa o indirecta está afectando a la contratación laboral del personal docente e investigador de las universidades públicas y que responde a una clara voluntad de reducir las inaceptables tasas de temporalidad y de precariedad laboral que definen a este colectivo. Todas estas medidas se encuentran íntimamente alineadas con los objetivos de la reforma laboral de 2021 en materia de contratación, potenciándose también en el ámbito universitario la contratación por tiempo indefinido y la mejora de la calidad de la contratación temporal del profesorado universitario.