Como debilidades estructurales, resistentes a la acción de las numerosas reformas laborales que se han sucedido desde 1984, nuestro mercado de trabajo presenta una tasa de temporalidad excesiva, un elevado nivel de rotación laboral con flujos constantes de entrada y salida del mercado de trabajo y del sistema de protección por desempleo, un alto porcentaje de trabajo a tiempo parcial no deseado y la mayor cifra de desempleo estructural de la OCDE, todo ello propiciado por un marco institucional de relaciones laborales fuertemente escorado hacia la unilateralidad empresarial, que resta dinamismo y efectividad a la autonomía colectiva y favorece la aparición y consolidación de altos niveles de desigualdad y precariedad, con especial
impacto en los colectivos más vulnerables (mujeres y jóvenes). Aunque se aceptara, como sugieren algunos estudios, que las medidas flexibilizadoras y ablativas de derechos que introdujo la reforma laboral de 2012 han podido contribuir, en alguna medida, a la creación de empleo y a la reducción del paro durante el ciclo económico expansivo que tuvo lugar en los años previos a la pandemia, lo que no admite discusión razonable es que el empleo creado, eminentemente temporal y de escasa calidad, no satisface los estándares menos exigentes de equidad y justicia social.