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La legislación laboral de excepción ha sido muy utilizada en España frente a catástrofes naturales y grandes crisis. La crisis sanitaria y el parón de la actividad económica provocada por el Covid y la subsiguiente declaración de los estados de alarma, la erupción del volcán Cumbre Vieja en la Isla de La Palma, la crisis de suministros originada por la guerra de Ucrania y la inflación que ésta provocó en el país y ahora la inundación creada por la DANA en Valencia y luego reiterada en algunas partes de Andalucía y Cataluña, son la muestra de la urgencia por encontrar respuestas excepcionales frente a situaciones de excepción. En esta producción normativa se suelen combinar dos elementos. De una parte, se utilizan figuras legales ya existentes modificando su estructura y su alcance, a la vez que se cambia el contexto en el que se van a utilizar las mismas. La reutilización de mecanismos legales preexistentes en un contexto y con un contenido diferente a su vez permite su estabilización posterior con una nueva fisonomía en el cuadro normativo que surge tras la legislación de excepción.