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Conforme a la “cláusula de transformación social” que recoge el art. 9.2 de la Constitución Española (CE), recientemente recordado por la exposición de motivos del Proyecto de Ley Familias (publicado en el BOCG en la simbólica fecha del 14 deabril de 20231), todos los poderes públicos, no solo el poder legislativo, están obligados a actuar con la diligencia debida, desde sus respectivas competencias, para corregir las desigualdades entre personas y colectivos, a fin de “garantizar” que las personas integrantes de todo tipo de familia dispongan, y mantengan, una situación de igualdad efectiva en el acceso y ejercicio de los derechos
socioeconómicos.